El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la condena contra la Fiscalía después de divulgar información personal de Carolina Sabino, por lo que deberán pagar una indemnización de más de 500 millones de pesos colombianos.
En 2015, los investigadores incautaron las llamadas entre Sabino y su hermana, en las que le informaba que había abortado. En un grupo de WhatsApp, los investigadores filtraron dicha información y la vincularon con una investigación penal.
Aunque aún se encontraba en fase de indagatoria, la entonces fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Paredes, pidió el caso para el olvido. Sin embargo, Carolina consideró que su intimidad había sido violada y que había sufrido un daño moral, por lo que presentó una demanda para pedir una compensación económica.
La actriz alegó que el embarazo representaba un peligro para su salud mental, lo que era una de las razones permitidas. A pesar de no ser procesada penalmente, comenzó a perder trabajos y su vida emocional se vio afectada.
El deber de la Fiscalía de investigar los delitos no era excusa para no iniciar una indagación con perspectiva de género, para garantizar un proceso justo, igualitario y respetuoso con los derechos de la mujer, que no solo sufre el reproche penal, sino que también las consecuencias de su decisión sobre su vida sexual y reproductiva.
Además, los fiscales tendrán que capacitar a sus empleados en la protección y respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Notipopayán también recibió la orden de retirar toda la información de la historia clínica de Carolina Sabino.
